En la conferencia-debate sobre el caso de Narciso Agúndez Montaño ante la justicia, celebrado el pasado siete de julio en la Alianza Francesa de La Paz, dicho evento convocó a numerosos asistentes entre los que se contaron abogados, periodistas, doctores, estudiantes y un público heterogéneo que siempre estuvo atento al desarrollo de la interesante exposición, la cual estuvo a cargo del Lic. Matías Amador Moyrón, Presidente del Colegio de Abogados de Baja California Sur, quien señaló:
“Vamos por la verdad histórica de estos acontecimientos, en donde existe una averiguación previa y no es nada de compleja y difícil, ya que el director del patrimonio inmobiliario y regularización de la tenencia en el Gobierno del Estado, José Refugio Carrillo Sánchez, interpuso una denuncia ante el Agente del Ministerio Publico Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en la que menciona como probables responsables al exgobernador Narciso Agúndez Montaño y al exsecretario de Planeación Urbana, Infraestructutra y Ecología, Guillermo Jauregui Moreno, así como quien o quienes resulten responsables en agravio de la administración pública por los delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, peculado y falsedad de funcionarios públicos”.
“Los hechos denunciados se relacionan con la enajenación de siete bienes inmuebles ubicados en el Fraccionamiento denominado El Pedregal, en la Ciudad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, que en el año del 2007 fueron licitados con un valor de 76 millones, 200,000 pesos a favor de la Empresa Las Veredas de San José S. de R.L y C.V. en la que aparece como socio el señor, Oscar Armando Daccarett Casas. Licitación que después de tres años, no obstante de haberse mencionado, estar cubierto el precio total de la licitación, mediante convenio posterior, se deja sin efectos con el argumento de que, el precio total de la operación no fue cubierto, para posteriormente en febrero de este año 2011, vender ante notario público los referidos siete inmuebles, en un valor total de $23,980,000.00 de pesos, en perjuicio de la administración pública estatal, existiendo una aparente diferencia de $52,220,000.00 de pesos de precios en perjuicio y agravio del erario estatal”.
Brillante y sencilla exposición fue la del Lic. Matías Amador Moyrón, quien fue preciso al señalar que en este caso se busca la verdad histórica y se tiene confianza en que este caso se resuelva conforme lo establece el respeto al estado de derecho y no existe ninguna simulación al respecto.
Por último el expositor dijo: “Después de doce años de ausencia de dialogo de los gobiernos perredistas, este 12 de julio habrá una audiencia de trabajo a las doce horas con el Ejecutivo Estatal y aprovecho para saludar a la comunidad jurídica, ya que en esta fecha es día del abogado. Salud y enhorabuena”.
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