Narciso Agúndez Montaño, Alfredo Porras Domínguez y Garibaldo Romero Aguilar, no podrán desempeñar cargos públicos en los próximos seis años
y deberán cubrir una fuerte sanción económica.
La Contraloría General del Estado inhabilitó para ocupar cargos públicos, cargo o comisión en el servicio público por seis años al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, al ex secretario General de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez y al ex oficial Mayor de Gobierno Garibaldo Romero Aguilar, por la comisión de delito patrimonial por el orden de los 27 millones 973 mil 800 pesos.
La titular del órgano fiscalizador del gobierno estatal, Maritza Muñoz Vargas dio a conocer que las sanciones aplicadas a los ex funcionarios son el resultado de auditorías practicadas por esta dependencia, mismas que fundamentan la resolución de inhabilitarlos en la función pública así como la aplicación de sanciones económicas.
Informó que además de su inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, los ex funcionarios también serán sancionados económicamente con 27 millones 973 mil 800 pesos al ex gobernador Narciso Agúndez y 13 millones 986 mil 900 pesos al ex secretario General de Gobierno y al ex oficial Mayor de Gobierno por la comisión de actos u omisiones de carácter administrativo en el desempeño de sus funciones; concretamente en la enajenación de siete bienes inmuebles ubicados en El Pedregal del Cortés en la ciudad e Cabo San Lucas.
Maritza Muñoz Vargas mencionó que si de las constancias del procedimiento administrativo de responsabilidades se desprende la posible comisión de un hecho delictuoso, esta dependencia remitirá los expedientes a la Procuraduría General de Justicia para los efectos legales que procedan.
Explicó que la resolución se toma luego de comprobar que se ejecutó un acto jurídico consistente en la enajenación de siete bienes inmuebles propiedad del estado ubicadas en el municipio de Los Cabos, a un precio notoriamente inferior al valor real de dichos bienes en el mercado ordinario.
Informó que desde el 21 de junio, cuando se radicó ante la Contraloría General del Estado el expediente CGE/065/2011, se realizaron las diligencias necesarias para dar cumplimiento a las etapas procesales que señala la ley en la materia, y fue el día 28 de octubre del presente año cuando se dictó la resolución administrativa correspondiente, del cual se desprende un daño patrimonial por 27 millones 973 mil 800 pesos más un tanto de multa, lo que da un total de 55 millones 947 mil 600 pesos.Finalmente dijo que los tres ex funcionarios han sido notificados de esta resolución.
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