miércoles, 29 de febrero de 2012

Pide Dip. Juan Domingo Carballo se reevalúen Proyectos Mineros



“De igual manera, y producto de un análisis jurídico acucioso, se propondrá al pleno del Congreso del Estado las adecuaciones y adiciones necesarias a nuestro marco legal, para impedir la minería tóxica”


El diputado Juan Domingo Carballo Ruiz presentó un Punto de Acuerdo Económico mediante el cual exhorta a las autoridades ejecutivas federales y municipales a evaluar o reevaluar la factibilidad y viabilidad de los proyectos mineros a cielo abierto en territorio sudcaliforniano para que no se continúen otorgando concesiones, permisos y licencias, así como buscar la procedencia jurídica para dejar sin efecto los actos administrativos ya existentes que permiten a las empresas mineras explotar minas a cielo abierto en nuestro territorio.

En la lectura del documento, el integrante de la fracción parlamentaria del Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), indicó que de igual manera, y producto de un análisis jurídico acucioso, se propondrá al pleno del Congreso del Estado las adecuaciones y adiciones necesarias a nuestro marco legal, para impedir la minería tóxica, además de promover que la XIII Legislatura Estatal inicie ante el Congreso de la Unión reformas y adiciones a las Leyes federales para hacer partícipes a senadores y diputados federales en la búsqueda de soluciones.

Mencionó el diputado Juan Domingo Carballo Ruiz que el otorgamiento de concesiones para exploración y explotación minera, incluyendo ,la minería a cielo abierto, es competencia del gobierno federal, sin embargo, conforme a la Constitución Federal, corresponde a los Municipios autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia y sus respectivas jurisdicciones territoriales.

Y agregó que corresponde a las Legislaturas locales, en correlación con las leyes federales, establecer el marco normativo respectivo, y es precisamente en ese marco en el que el Congreso del Estado debe realizar un análisis de las disposiciones jurídicas vigentes, tanto federales, locales y municipales, para impedir el establecimiento de empresas mineras que empleen métodos de explotación que están prohibidos en otras partes del mundo.

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