Detenciones ilegales de las policías: violación a los derechos humanos

 

 

David CONTRERAS

     Parece normal mirar por las calles las detenciones ilegales que realizan las policías –municipales, estatales y federales- en nuestra ciudad. La gran mayoría podría escribir libros enteros de detenciones ilegales que han vivido a lo largo de sus días. Personas que pueden narrar desde la típica “mordida”, hasta personas que pueden narrar la pérdida de su patrimonio, libertad, dignidad, etcétera. La verdad es que cualquier historia que nos narren, nos llena de miedo, dudas, impotencia, desconfiabilidad, temor, etcétera.

      Las policías han perdido el respeto a la dignidad humana de las personas, de las que se supone, deberían de cuidar y garantizar paz y seguridad pública. De igual manera, los ciudadanos han perdido el respeto –con justa razón dirán algunos- por las policías. Lo cierto es que este problema de reciprocidad ya es un síntoma que afecta el buen funcionamiento social. Sin embargo, a estas alturas es importante preguntarnos, ¿por qué somos privados de la libertad, propiedades, posesiones, derechos, sin que medie un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido en el que, además, se deberían de seguir ciertas formalidades en el procedimiento y, por si fuera poco, con las leyes expedidas con anterioridad al hecho? Si el artículo 14, párrafo segundo constitucional, protege ese derecho. ¿Qué no dice el artículo 16, párrafo primero, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento? En fin, parece no importarles mucho a las policías lo que dice el texto constitucional, menos aún, la importancia de los derechos humanos.

     Claro, no faltará el policía que se justifica diciendo que esa es su “chamba”, adelantarse al delito, porque es mejor “prevenir” que “lamentar”. Para ello utilizan la herramienta de la “flagrancia”, que consiste en la detención –sin que medie orden judicial-  de una persona, por haber cometido un delito en el momento y a la luz de la policía o cualquier ciudadano, o bien, inmediatamente después de ejecutado el delito.  Esto en la práctica se convierte en un “cheque en blanco” para la policía, ya que puede detener a cualquier persona –no en flagrancia- por “apariencia”, es decir, por la forma en que vistes, con quién te juntas, por cómo actúas, etcétera.

     Me parece que no existe justificación alguna para realizar su trabajo –es decir, mantener la paz y brindar seguridad pública- violentando derechos humanos. Nosotros mismos hemos permitido esas ilegalidades, hemos consentido sus actos corruptos y agresivos. Somos nosotros los que tenemos la última palabra, debemos hacer valer nuestros derechos y exigir respeto a todas las autoridades.

     Por cierto, no debemos de olvidar, que esos derechos no sólo se encuentran protegidos por nuestra Constitución, sino también, por los tratados internacionales de los que México es parte.