jueves, 21 de enero de 2016

¿Son discriminatorios los anuncios publicitarios realizados en contra de las parejas homosexuales?



*David CONTRERAS

Hace algunos días, en la página de internet BCSnoticias (http://www.bcsnoticias.mx/publicidad-antigay-en-la-paz-incita-al-odio-pero-no-viola-la-ley-derechos-humanos/), se publicó una nota que me causó animadversión.

En ella, se dice que el actual Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, considera que la publicidad realizada por la “Familia Natural” en contra de la comunidad homosexual, sí incitaba al odio pero no era discriminatoria, en tanto que no había ningún marco legal al respecto y, por tanto, no violaba la integridad de ninguna persona.

Dicha afirmación, y hay que precisarlo inmediatamente, es incorrecta. En principio, es necesario establecer que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto.

Partiendo de esta premisa, considero que la asociación civil en cuestión no debe, con base en dogmas religiosos, discriminar en espectaculares a las parejas homosexuales, incitando además a la ciudadanía –creando una especie de odio- para que estén en su contra, porque al hacerlo vulnera diversos derechos fundamentales de dicha comunidad, como podría ser el libre desarrollo de la personalidad o el honor, por ejemplo.

Sobre esta base, creo que no existen razones de índole constitucional, ni tampoco datos empíricos que le permitan a la “Familia Natural” hablar sobre el tema. Lo único que hay es –y que deberíamos eliminar lo más pronto posible- una justificación histórica basada en peligrosos ideales, como siempre, de la religión.

La expresión que está publicada en la imagen, como puede verse, además de ser homofóbica, presenta serios problemas que habría que erradicar. De entrada, ninguna asociación civil y, de hecho ninguna autoridad, deberían imponer un modelo de vida. Creo que todos somos lo suficientemente maduros para respetar los derechos de los demás.

Consecuentemente, el Estado no debería permitir, bajo ninguna circunstancia, que la incrédula asociación trate de penetrar en la mente de la población para que, en caso de que se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo, existiera una rebelión.

En ese contexto, tiene razón el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al decir que la referida publicidad genera odio. Pero se equivoca, por ignorancia, cuando afirma que ese motivo no es suficiente para violar la integridad de las personas por no existir ninguna regulación al respecto.

Es alarmante que un personaje de esa envergadura desconozca completamente el mandato constitucional establecido en el párrafo último del artículo 1 de la Carta Magna, el cual ordena la prohibición de discriminación por razón de preferencias sexuales.

Además, contrario a lo que argumenta, sí existe regulación al respecto, pues en los artículos 1, 2, 4 y 5, fracción IV, del Reglamento de Anuncios del Municipio de La Paz, se establecen las normas conforme a las cuales se deben instalar anuncios publicitarios en la vía pública, señalando categóricamente que no deben emplearse palabras, frases, objetos o dibujos que atenten contra la moral, buenas costumbres o la dignidad humana.

Bajo este parámetro, podemos concluir que los anuncios publicitarios de esta naturaleza sí son discriminatorios y, por ende, vulneran los derechos fundamentales de las parejas homosexuales.

En esas condiciones, el Estado como fuente de protección de estos derechos, debería actuar de inmediato y tendría que eliminar dicha publicidad homofóbica. Además, de una vez por todas, tiene que pronunciarse sobre la invalidez del artículo 150 del Código Civil del Estado de Baja California Sur, y permitir: a) el matrimonio entre personas del mismo sexo; b) la adopción entre estas parejas; y, c) la libre elección del régimen monogámico o poligámico que se prefiera.

Eso sería lo mejor si en verdad queremos construir una sociedad moderna en la que se respete la pluralidad de libertades y derechos. Como ciudadanos nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero el Estado parece que está ausente y, con él, el estado de derecho que se supone está obligado a prevalecer. 

*Licenciado en Derecho por la Universidad Mundial. Servidor Público del Poder Judicial de la Federación.

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